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El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al resolver la apelación presentada por su defensa contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto en agosto pasado la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, explicó que la sentencia de primera instancia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de los testimonios y documentos.
Según Merchán, la jueza Sandra Heredia basó su decisión en apreciaciones subjetivas y en inferencias sin respaldo probatorio, lo que impidió demostrar la existencia de un propósito defraudatorio o de un dolo determinante.
«Respecto a las fosas, cada vida afirma conocerla, mientras que Cuesta lo niega. La relación con Diego Cadena se caracteriza por incongruencias entre los testimonios sobre reuniones y elaboración de documentos dirigidos a la Corte, lo que la sentencia califica como plagadas de ambigüedades, sin precisar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes ni cómo inciden en la credibilidad. Esta falta de concreción afecta la solidez del análisis, pues no se determina el impacto real de dichas inconsistencias en la estructura probatoria», señaló el magistrado al leer el fallo.
El Tribunal también cuestionó que la jueza omitiera integrar elementos corroborativos sobre la elaboración de las cartas de los internos y el rol de Ángela Milena López, señalando que su intervención obedeció a razones legítimas, como la asistencia técnica solicitada por los presos y la revisión y firma de los documentos por parte de ellos mismos.
Merchán subrayó que la decisión de primera instancia utilizó premisas vagas, genéricas y sesgadas, sustituyendo el análisis probatorio por juicios retóricos sin sustento en los hechos concretos.
«Las conclusiones no verificables se manifiestan en la presunción de irregularidad en la selección de abogados y la calificación de subrepticia de la estrategia defensiva sin soporte probatorio. Estas falencias comprometen la solidez del razonamiento judicial y la objetividad exigida en la valoración testimonial, afectando la validez de la inferencia sobre el dolo determinado», agregó el magistrado.
El Tribunal determinó que no existieron pruebas sólidas que demostraran que la actuación de Uribe o de sus abogados tuviera un propósito defraudatorio. Finalmente, Merchán destacó que la jueza confundió la preparación legítima de testigos con un supuesto adoctrinamiento, sin establecer criterios diferenciadores entre ambas figuras.
«La sentencia califica la reunión como adoctrinamiento, sin desarrollar criterios diferenciadores frente a la preparación legítima, lo que genera dudas sobre la motivación y validez probatoria de la conclusión», precisó.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que la condena por fraude procesal carecía de sustento probatorio y jurídico, lo que llevó a revocar en su totalidad la sentencia y absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez de todos los cargos.
Fuente: BluRadio
